Conversan sobre policías y “rendición de cuentas” en contexto de militarización de México

Ciudadanía debe conocer los límites del uso de la fuerza por parte de las instituciones de seguridad, manifestó Rocío González Velázquez, catedrática de la Facultad de Derecho y quien encabezó conversatorio

Texto y fotos: Óscar Alonso

México ha cargado con un vacío legislativo histórico en materia de Derechos Humanos y seguridad, porque apenas en 2005 tuvo una ley propia de Seguridad, destacaron en el conversatorio “Policías, uso de la fuerza y rendición de cuentas”, realizado el martes 2 de diciembre en la capital de Querétaro.

Rocío González Velázquez, catedrática de la Facultad de Derecho de la UAQ e integrante del Grupo Colegiado “Estudios sobre violencia, inmigración y seguridad”, dirigió el conversatorio que es parte del proyecto de investigación “Rendición de cuentas de la seguridad ciudadana en contextos de militarización”. 

Durante el conversatorio se analizaron los riesgos de la militarización, al señalar cuatro niveles que van desde una policía civil hasta la "policiación de militares". 

En materia de justicia internacional, se mostró el dato de 14 condenas que ha recibido el Estado mexicano por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 5 han sido contra las fuerzas armadas, lo que conlleva una baja tasa de condena interna en casos de militares que cometen estas violaciones.

González Velázquez profundizó en la fundamentación legal al citar el caso "Alvarado Espinoza y otros contra México", mediante el cual la CIDH determinó que la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad solo es permitida si cumple cuatro condiciones: debe ser extraordinaria, subordinada a una autoridad civil, regulada y fiscalizada por una institución independiente.

Aunque reconoció que las fuerzas armadas poseen una alta percepción de confianza ciudadana, se advirtió sobre su formación basada en la lógica de "neutralizar al enemigo", lo cual eleva la letalidad y el riesgo de violaciones a Derechos Humanos.

Durante la charla se puntualizó la diferencia entre seguridad nacional, pública y ciudadana: la última va obligada a crear entornos pacíficos.

Finalmente, se destacó la necesidad de que la ciudadanía conozca los límites del uso de la fuerza por parte de las instituciones de seguridad para poder ejercer sus derechos y tener más control sobre las autoridades. 

La ponente concluyó que las decisiones de las fuerzas de seguridad deben someterse forzosamente a mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para garantizar la protección de las personas.