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Candidata a ministra de Suprema Corte propone justicia sin "tráfico de influencias" y "alejada" de élites

  • Foto del escritor: Cupi UAQ
    Cupi UAQ
  • 7 may
  • 2 Min. de lectura

Candidatos a magistrados resaltan importancia del "trato" a ciudadanía


Texto: Jimena Ribeiro y Alejandro González Bravo

Infografías: Mario Ortega



Ana María Ibarra Olguín, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), consideró que el Poder Judicial en México es un es un sistema 'elitista y alejado de la sociedad', el cual dio la oportunidad a los encargados de “escudarse en las reglas formales para no resolver los problemas del país.


"Los abogados formaron un lenguaje aparte lleno de tecnicismos, que no es un elemento accesible para todos y todas [...] en esta oscuridad y tecnicismos se niega la justicia. Hay espacio para la corrupción y el tráfico de influencias”, expresó en el marco de la conferencia “¿Qué jueces queremos? ¿Qué jueces necesitamos?” que impartió en la Facultad de Derecho de la UAQ.


“Esta justicia qué es inaccesible, que no se entiende, que es lenta, no es justicia", enfatizó añadió la candidata al referir los problemas ciudadanos al acercarse a la justicia, entre ellos, no ser escuchados o acompañados en el proceso.


En el marco de los diálogos ciudadanos impulsados por la ONG "Cívica Querétaro", Iván Lerma Valadez, Alfonso Tercero Guadarrama y Ana Reséndiz Fortunat, participaron en las conversaciones


Iván Lerma, candidato a magistrado, expresó que una de sus intenciones a desarrollar la democratización o popularización del lenguaje en las sentencias y de todos los documentos que emita la autoridad judicial, como un camino para ampliar la accesibilidad ciudadana a la justicia.


Alfonso Tercero, también candidato a magistrado, manifestó una crítica hacia el "condescendiente" trato hacia la ciudadanía que, en su opinión, suele llevarse a cabo por parte de magistrados y personas juzgadoras, en la actualidad.


La candidata a jueza -Ana Reséndiz- compartió su opinión sobre la posición jerárquica superior que debe llevar, según ella, la priorización de obras que contribuyan a una mejor calidad de vida en el entorno urbano como áreas verdes o de movilidad sobre las obras de índole histórico o cultural.

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