Colectivas y familiares de víctimas denuncian omisiones de Fiscalía de Querétaro al investigar feminicidios

Familia de Perla Citlali ha sido “abandonada por instituciones” a un año del feminicidio, afirmó “Justicia Digna”

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Texto: Ximena Loyda

La familia de Perla Citlali, víctima de feminicidio, advirtió que en enero la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGE) les comunicó que las líneas de investigación ya fueron agotadas, sin que existan resultados ‘sustantivos’. Denunció que las autoridades les solicitaron guardar silencio público; sin embargo, a un año del feminicidio no hay claridad sobre avances y el silencio no trae justicia.

“Desde el inicio de la investigación se nos pidió guardar silencio público, bajo el argumento de cuidar el debido proceso y facilitar la captura del responsable. Confiamos y esperamos, pero ese silencio no trajo justicia”.

La colectiva “Justicia Digna”, en voz de Daniela Urbiola, consideró que la familia de Perla ha sido "rota por la violencia y abandonada por las instituciones" en la investigación del feminicidio.

Sobre la posible localización del presunto feminicida, la familia explicó que solicitó una ficha roja —una solicitud internacional para localizar y detener provisionalmente a una persona buscada, en espera de extradición o acción judicial, emitida por Interpol— hace más de nueve meses; sin embargo, hasta ahora no cuenta con información que confirme si fue emitida.

“La fiscalía es la que está buscando y no tenemos datos sobre su paradero”, indicaron.

En rueda de prensa, recordó que la familia presentó una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro (DDHQ), y que analiza solicitar la atracción del caso por la Fiscalía General de la República (FGR).

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Del mismo modo, Cívica, Confederación de Organizaciones de la Sociedad Civil de Querétaro, también da acompañamiento a familiares de Gemma.

Explicaron que se trata de una víctima de feminicidio cuyo expediente fue clasificado como homicidio por la fiscalía estatal.

La organización afirmó que esta decisión refleja fallas en la investigación con perspectiva de género y expone a las familias a procesos prolongados sin claridad.

Señalaron que la familia no reside en Querétaro y han enfrentado dificultades para dar seguimiento al caso, situación que las colectivas señalaron como una barrera, puntualizó que una familia que tenga que salir públicamente a pedir respuestas ante un feminicidio “no es normal ni aceptable”.

La organización sostuvo que la falta de información y el retraso en la investigación constituyen violencia institucional y revictimización, y pidió a la Fiscalía que informe por escrito avances, diligencias pendientes y plazos.

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Por otro lado, “Justicia Digna” denunció que una de sus integrantes enfrenta un proceso jurídico por una violación cometida por un ginecólogo durante una consulta privada y que, al igual que en otros casos, la fiscalía le solicitó guardar silencio.

“El llamado cuidado del debido proceso no puede convertirse en un argumento para la opacidad ni para el silencio institucional”, señaló al explicar que esta práctica limita el acceso a la justicia.

Hicieron un llamado público y directo a las autoridades del Estado de Querétaro:

• A la Fiscalía General del Estado, encabezada por Víctor Antonio de Jesús Hernández, para que informe con claridad y por escrito los avances reales del caso, las diligencias pendientes y los plazos concretos para su conclusión.

• Al titular del Poder Ejecutivo, Mauricio Kuri González, para que garantice que ninguna investigación por feminicidio quede atrapada en la inercia administrativa y el cálculo político.

• A la Secretaría de Gobierno del Estado, encabezada por Eric Gudiño Torres, para que cumpla con la coordinación institucional requerida y la debida atención a las víctimas.

• A la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAV) para que cumpla de manera inmediata y efectiva con su mandato legal de garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas indirectas, de manera que asegure asistencia integral, medidas de protección, acceso a la información, acompañamiento digno y acciones reales de reparación integral, sin revictimización ni obstáculo administrativo.

Daniela Urbiola, vocera de “Justicia Digna”, enfatizó que la impunidad no es un error, sino una decisión. Aseguró que acompañan a la familia de Perla, que ha sido "rota por la violencia y abandonada por las instituciones". Exigió que la Fiscalía asuma su responsabilidad.

“El llamado cuidado del debido proceso no puede convertirse en un argumento para la opacidad ni para el silencio institucional”.

La colectiva expresó su acompañamiento a la familia y señaló que la exigencia pública busca evitar que el caso quede en el olvido y que se repitan prácticas de desgaste hacia las víctimas indirectas.