Violencia vicaria: el delito que no se reconoce, pero se vive.

-Esmeralda obtuvo una sentencia a su favor en abril de 2023 tras siete años de lucha jurídica y ser revictimizada por instituciones de Querétaro

-Psicóloga del IQM lo único que hizo fue ‘cagotearme’ y decirme que todo estaba mal en mi proceso porque había elegido malos abogados

-Hasta 80 por ciento de los casos que ejercen violencia en asuntos familiares conlleva violencia vicaria : Marlene Martín, quien asesoró jurídicamente a Esmeralda.

Texto: Ximena Loyda

Infografías: Mario Ortega

---

Querétaro (7 de marzo de 2025).- Tras una semana de convivencia con el padre, el hijo de Esmeralda Mendoza Álvarez regresaba con ella como un reflejo de su agresor. Expresaba no querer a su mamá y amenazaba con herirse o agredirla a ella. Sin embargo, al ser separado del padre, el niño afirmaba amar a su madre y mostraba deseo de regresar a su lado.

Esmeralda llevó el proceso jurídico de violencia vicaria, con “Las TEMIS luchando juntas A. C.”, para tener un acompañamiento con perspectiva de género e infancias. Después de que sus exabogados lo hicieron solo por mero trámite.

Mientras las cifras de denuncias aumentan y los testimonios se multiplican, la sociedad y las instituciones siguen sin dar respuestas efectivas a la violencia vicaria. Como vivió Esmeralda, mujer que entre 2016 y 2023 llevó un proceso jurídico que pasó de la revictimización –institucional- a la justicia. 

La violencia vicaria está definida en el Diario Oficial de la Federación (DOF) como cualquier acto que, con el objetivo de dañar a las mujeres, se dirija a los hijos o hijas, familiares o personas allegadas; mientras se mantiene o no una relación con la persona agresora. Entre algunas agresiones como: amenazar, ocultar, promover la violencia física o psicológica, o condicionar pensiones. 

En Querétaro, la violencia vicaria sigue sin ser reconocida y tipificada como delito por el Código Civil y el Código Penal, de acuerdo con el Informe Contextual sobre Violencia Vicaria de la Secretaría de Gobernación. Pese a que la violencia vicaria se encuentra regulada en más de 60 ordenamientos locales. 

Marlene Martín Rico, abogada y parte del equipo jurídico de la ONG queretana “Las TEMIS luchando juntas A. C.”, manifestó que aproximadamente 80 por ciento de los casos que ejercen violencia en asuntos familiares conlleva violencia vicaria. En los casos que ella litigó, un 99 por ciento de las veces se ejerce violencia de género por parte de las instituciones.

Consideró que hace falta voluntad, porque las leyes ya están establecidas; “lo que sigue es que jueces y juezas se despatriarcalicen y se quiten todas esas telarañas conservadoras que tienen todavía en su mente. Que empiecen a ver estas ‘ondas’ sin prejuicios ni estereotipos, con perspectiva de género e infancia”.

“La sistematización del ejercicio de la violencia dirigido hacia la mujer ahí ha estado siempre; entonces, lo lamentable es que el sistema de justicia requiere que nosotras las mujeres vayamos y les expliquemos la ley con peras y manzanas, cuando ellos deberían tener perspectiva de género y hacer ese análisis que, por ejemplo, hicimos nosotras en el juicio de violencia vicaria”, expresó la abogada Marlene Martín.

Tanto la abogada como Esmeralda estuvieron de acuerdo en que sus nombres aparecieran publicados en este texto del CUPI.

Poder Judicial trata de vulnerar y “joder” a mujeres víctimas: abogada

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Víctimas realizada por el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, 71 por ciento de mujeres aseguró haber sufrido violencia institucional. Las principales que se mencionaron de forma consistente son la Fiscalía General, los Juzgados Familiares, Tribunal Superior de Justicia, Centro de Justicia para la mujer, la entonces Procuraduría General de Justicia, Ministerio Público, Centro de Justicia de niños, niñas y adolescentes. 

La Encuesta Nacional de Víctimas fue realizada entre el 15 de marzo y el 15 de abril de 2022, a 4 mil personas, de acuerdo con la información disponible.

La violencia vicaria necesariamente va de la mano de la violencia institucional. “Las autoridades son quienes obligan a entregar a las infancias a los agresores. Además, es el mismo sistema de justicia el que pone trabas a las mujeres: son castigadas por exigir sus derechos”, explicó la abogada de “Las TEMIS”. 

Consideró que el Poder Judicial es donde más se refleja la violencia contra las mujeres que buscan justicia. Explicó que es un sistema que lo primero que trata de hacer es convencer de desistir, vulnerar y “joder” lo más que se pueda para quitarse una carga de trabajo.

Desde su perspectiva, las fiscalías y defensorías de derechos humanos también son parte del problema. 

Marlene Martín señaló que la fiscalía 4 de Querétaro, que presume ser un centro de justicia para que las mujeres exijan sus derechos, se hagan los peritajes correspondientes y reciban tanto acompañamiento psicológico como jurídico, es un espacio donde son pocos los casos que son atendidos, pues no reciben las denuncias de las mujeres o las amenazan por no tener conocimiento de sus derechos.

“La semana pasada mandé a una señora, adulta mayor, a pedir una custodia de sus nietos por un tema de violencia familiar que está viviendo. La fiscal se atrevió a amenazarla y decirle a la señora que si ella presentaba la denuncia -como estaba denunciando a su hija por violencia familiar con los niños- mañana iban a ir, la iban a detener y la iban a encerrar de cuatro a cinco años en la cárcel”, relató. 

Segunda Parte